otro feriado?

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Chubut busca instaurar que el día 27 de junio sea declarado como el Día del Empleado de la Administración Pública y que se equipare esa fecha a los feriados nacionales obligatorios, a todos los efectos legales.
La iniciativa fue presentada por el presidente del bloque de diputados provinciales del PJ, Jerónimo García, y el beneficio se extiende a todo el personal dependiente de la administración pública central, organismos descentralizados y entes autárquicos que no tengan instituido el día festivo de su actividad.
García fundamentó la iniciativa en que en algunos organismos de la administración pública ya existe el día festivo para esos empleados y que es feriado, y citó como ejemplos los casos de los empleados bancarios, viales, legislativos, entre otros.
En ese orden, también mencionó el legislador que “la Asociación de Trabajadores del Estado en reiteradas ocasiones puso de manifiesto la necesidad de establecer un día en el cual se conmemore el trabajo realizado por los empleados del Estado”.
“En muchos países incluso a los empleados públicos se los denomina funcionarios y siempre el trabajador de la administración pública es la primera cara del Estado ante la comunidad”, afirmó García.
“Los empleados estatales son servidores públicos que prestan sus servicios al Estado, a la administración pública y principalmente se encuentran al servicio de la comunidad”, sostuvo.
“Es necesario reconocer el trabajo llevado adelante por los mismos como motores o impulsores de la labor de la administración pública ya que ellos son la primera cara visible del Estado frente a sus administrados”, añadió.
“El día 7 de junio de 1978 en la sexagésima reunión, la Organización Internacional del Trabajo suscribió el convenio 151 en el que se efectúa un reconocimiento a los derechos de los trabajadores públicos en el orden al ejercicio de sus derechos sindicales, civiles y políticos”, destaca en los fundamentos el proyecto.

DERECHOS
En ese convenio suscripto por la OIT se “reconoce a las organizaciones de empleados públicos que tengan por objeto el fomento y defensa de los intereses de los mismos, asegurándoles una adecuada protección contra actos de discriminación antisindical en relación a su empleo”.
Allí se estipula también el procedimiento de negociación colectiva con las autoridades públicas para el establecimiento de las condiciones de empleo, y el 27 de junio de 1978 la Conferencia General de la OIT “adopta el convenio mencionado, el que podrá ser usado  para establecer las relaciones en la administración pública”